Ya se conoce la suspensión del general Juan Miguel Huertas y de Wílmar Mejía, funcionario de inteligencia, por su presunta relación con la infiltración de las disidencias de alias ‘Calarcá’. La Procuraduría ordenó apartarlos de sus cargos por tres meses, mientras se adelanta una investigación que podría destapar uno de los escándalos más graves en la historia reciente de las Fuerzas Armadas.
Los nombres de ambos aparecieron en correos electrónicos hallados en los computadores del cabecilla disidente, donde se les señala de filtrar información reservada. Según las revelaciones, habrían ayudado a evadir controles de la Fuerza Pública y a blindar movimientos de grupos ilegales mediante empresas fachada. La gravedad del caso llevó al procurador Gregorio Eljach a calificarlo como un hecho de “máxima alarma”.
La Fiscalía también puso la lupa sobre los dos funcionarios, luego de que se conocieran chats y documentos que mostrarían cómo las disidencias recibieron datos sobre operativos militares y judiciales. Incluso se habla de reuniones para pactar supuestas “no agresiones” entre el Ejército y el grupo criminal, lo que ha generado indignación y morbo en la opinión pública.
Tanto Huertas como Mejía niegan los señalamientos y aseguran que nunca colaboraron con estructuras ilegales. Sin embargo, las investigaciones avanzan y el escándalo ya se convirtió en tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionan cómo la inteligencia del Estado pudo terminar salpicada por las mismas organizaciones que debería combatir.
