La Fiscalía General de la Nación radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves. Ambos exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro quedaron oficialmente vinculados al escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con el ente acusador, los delitos que se les imputarán son concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. La investigación hace parte de la macroindagación que adelantan fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quienes aseguran tener pruebas que relacionan a los exministros con la millonaria contratación irregular que desvió recursos destinados a atender emergencias y desastres en el país.
La Fiscalía pedirá que ambos exfuncionarios sean enviados a prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo de obstrucción a la justicia. Con esta decisión, el caso de la UNGRD escala a uno de los mayores escándalos de corrupción del actual gobierno, pues ya son varios los altos cargos salpicados en el entramado que habría operado como una red de saqueo institucional.
El proceso judicial contra Bonilla y Velasco se convierte en un punto de quiebre para la credibilidad del Ejecutivo y abre un debate nacional sobre la responsabilidad política en el manejo de los recursos públicos. La ciudadanía espera que las audiencias revelen el alcance real del saqueo y que se sienten precedentes contra la impunidad en casos de corrupción de alto nivel.
