La Defensoría del Pueblo radicó el pasado lunes 24 de noviembre una demanda ante el Consejo de Estado para anular la resolución 327 de 2025, expedida por el Gobierno Petro, que nombró a 16 excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia como gestores de paz. Según el organismo, la medida presenta irregularidades y no se ajusta al marco jurídico de la Ley de Justicia y Paz, lo que genera dudas sobre las funciones que se les asignaron a los exjefes paramilitares.
Entre los nombres mencionados en la resolución están figuras como Salvatore Mancuso, alias Jorge 40, alias Don Berna y alias Macaco, entre otros. La Defensoría cuestiona que, en lugar de enfocarse en la construcción de procesos de paz con grupos armados activos, se les haya encargado tareas distintas, como elaborar balances de los resultados de la Ley 975 de 2005 y formular recomendaciones institucionales para el cierre del proceso de Justicia y Paz. Además, advierte que la resolución excluye la participación de las víctimas en el comité creado para estas labores.
El organismo sostiene que esta decisión afecta directamente los derechos de quienes sufrieron la violencia paramilitar, pues no hay claridad sobre cómo se garantizará la reparación ni la supervisión judicial de las actividades. Por eso, pidió al Consejo de Estado tumbar la resolución y revisar de fondo los alcances de este nombramiento.
