El presidente Gustavo Petro sorprendió al país al centrar sus críticas no en una funcionaria, sino en una práctica concreta de la Fiscalía: los llamados principios de oportunidad. Tras rectificar públicamente sobre el caso del fiscal Mario Burgos, el mandatario dijo que esas herramientas procesales se han convertido en “negociaciones desiguales” que favorecen a los imputados y debilitan al Estado.
Petro aseguró que, en nombre de la eficiencia, se ha perdido la esencia de la política criminal y que la justicia termina premiando la impunidad. Advirtió que estas fórmulas permiten que responsables obtengan beneficios mientras las víctimas quedan sin verdad ni reparación, una situación que, dijo, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
El presidente pidió revisar esos mecanismos y ajustar su aplicación para que no queden “anclados” en acuerdos que no restablecen la justicia social. Aunque reconoció que no hay pruebas contra Burgos en los señalamientos que motivaron el debate, insistió en que la práctica misma requiere reforma para evitar privilegios procesales.
La declaración reavivó la discusión interna sobre independencia judicial y estrategias de persecución penal. Sectores que defienden los principios de oportunidad alegan que agilizan procesos y recuperan activos; críticos, como Petro, sostienen que sin controles claros terminan siendo un atajo hacia la impunidad.
