A pocas horas de que entrara en vigencia la Ley de Garantías Electorales, la representante a la Cámara Katherine Miranda encendió las alarmas al denunciar que el Gobierno Nacional firmó más de $1,5 billones en contratos en menos de 24 horas, entre el 7 y el 8 de noviembre de 2025. Según registros de Colombia Compra Eficiente, el valor total de la contratación estatal pasó de $1,02 billones a $2,52 billones, un incremento superior al 140%.
Miranda calificó el hecho como una “maratón de contratación con recursos públicos”, cuestionando la transparencia de los convenios firmados justo antes de que se activaran las restricciones legales. “Esto no es eficiencia, es convertir la contratación en un sprint preelectoral”, afirmó, advirtiendo que estas prácticas podrían abrir la puerta al uso político del presupuesto nacional.
La Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías, prohíbe desde el 8 de noviembre la celebración de convenios interadministrativos con ejecución de recursos públicos, y desde el 31 de enero de 2026, la contratación directa sin convocatoria pública. Su objetivo es evitar que el aparato estatal se utilice para favorecer campañas o candidatos durante los periodos electorales.
Ante la gravedad de la denuncia, Miranda solicitó a la Contraloría General y demás órganos de control abrir una investigación urgente para determinar si se vulneraron los principios de transparencia y responsabilidad administrativa. “No hay cambio si seguimos repitiendo las viejas mañas”, sentenció, en lo que podría convertirse en uno de los escándalos administrativos más sonados del año electoral.
