El hijo del presidente Gustavo Petro vuelve a estar en el ojo del huracán. La Fiscalía le imputó seis nuevos delitos y pidió medida de aseguramiento, en un caso que destapa lo que sería una red de contratos amañados, influencias políticas y dinero que nunca llegó a su destino. Todo esto mientras su padre guarda silencio y el país mira con lupa el apellido Petro.
Entre los nuevos señalamientos están peculado, tráfico de influencias, falsedad en documentos y falso testimonio. Según el ente acusador, Nicolás habría aprovechado su cargo como diputado del Atlántico para intervenir en contratos con una fundación que, en teoría, debía ayudar a adultos mayores, pero que terminó beneficiando a unos pocos.
Las pruebas apuntan a que, detrás de los acuerdos, hubo maletas de dinero, cheques fraccionados y nóminas infladas. La Fiscalía sostiene que el hijo del presidente usó su poder político para direccionar contratos y quedarse con parte de los recursos públicos, lo que hoy lo tiene al borde de enfrentar una condena seria.