La polémica en torno a Juliana Guerrero, quien fue postulada como viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad, ha desatado una tormenta política que sacude los cimientos del discurso oficialista. La Fundación Universitaria San José anuló sus títulos en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y en Contaduría Pública, tras confirmar que no existen registros académicos que respalden su formación ni evidencia de participación en actividades curriculares. Esta revelación ha generado cuestionamientos sobre los filtros de selección en altos cargos del gobierno y sobre posibles redes de tráfico de influencias.
La congresista Jennifer Pedraza, quien lideró la denuncia, advirtió que detrás del nombramiento podría existir una estructura de corrupción que incluye venta de títulos y manipulación institucional. A esto se suma el hecho de que Guerrero habría sido promovida sin cumplir los requisitos mínimos exigidos por ley, lo que pone en duda la ética del proceso de designación. El escándalo ha sido amplificado por voces críticas como la periodista Vicky Dávila, quien calificó el caso como una muestra de “corrupción vestida de moral”.
Este episodio no solo revela una posible falsedad documental, sino que se ha convertido en un símbolo de lo que muchos consideran el estilo de gobierno de Gustavo Petro: promesas de cambio social sostenidas por estructuras opacas y decisiones cuestionables. Mientras influenciadores afines al oficialismo defienden la narrativa del “cambio”, sectores independientes denuncian que el caso Guerrero refleja una farsa institucional, donde el mérito ha sido reemplazado por el clientelismo. La Fiscalía deberá esclarecer si hubo dolo, pero el daño reputacional ya está hecho.