La designación de Saray Elena Robayo Bechara como ponente de la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro ha encendido las alarmas políticas y ciudadanas. Robayo, representante a la Cámara por Córdoba y militante del petrismo, es además esposa del polémico contratista Emilio Tapia, capturado el pasado viernes 31 de octubre en una clínica de Barranquilla para cumplir condena por corrupción en el escándalo de Centros Poblados. Su rol como redactora clave del proyecto fiscal que busca recaudar $16,3 billones ha sido cuestionado por sectores que ven en esta elección un gesto de impunidad institucional.
La reforma tributaria, que será discutida en las próximas semanas, es vital para financiar la reforma a la salud, actualmente suspendida por falta de garantías presupuestales. El Gobierno ha insistido en que no se tocarán impuestos sensibles como la gasolina o la cerveza, pero el verdadero debate se centra en quiénes redactan y negocian el texto. En ese contexto, la presencia de Robayo vinculada familiarmente a uno de los mayores escándalos de contratación del país genera suspicacias sobre los intereses detrás del articulado.
La pregunta que ronda en redes y pasillos legislativos es directa: ¿por cuánto de billete estará haciendo el favor? La frase, que resume el malestar ciudadano, apunta a la falta de transparencia en los vínculos entre poder político y estructuras corruptas. Aunque no hay pruebas de que Robayo esté involucrada en los delitos de su esposo, su rol como ponente de una reforma clave para el país revive el debate sobre ética pública, conflicto de intereses y credibilidad institucional.