La inclusión del presidente Gustavo Petro, su esposa, su hijo y el ministro Armando Benedetti en la temida lista Clinton (OFAC) no solo representa un golpe a su gobierno, sino un riesgo directo para la economía y la reputación internacional de Colombia. Esta lista, creada por Estados Unidos para sancionar a quienes tengan presuntos nexos con el narcotráfico o el crimen organizado, implica que ningún banco o empresa extranjera puede hacer negocios con los señalados, lo que podría generar un bloqueo financiero sin precedentes.
En términos simples, tener al jefe de Estado colombiano en ese registro deja al país en una posición crítica: los inversionistas podrían huir ante el miedo a sanciones y los bancos internacionales restringir operaciones por temor al “efecto contagio”. Esto afectaría desde préstamos estatales hasta acuerdos comerciales, poniendo en jaque el flujo de capital extranjero y la confianza económica.
Además, el hecho de que Petro sea el primer presidente colombiano en la historia en aparecer en esta lista genera un golpe reputacional devastador. La imagen del país se asocia ahora con regímenes sancionados como el de Nicolás Maduro, lo que complica las relaciones diplomáticas y podría cerrar puertas en organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial.
Mientras el mandatario insiste en que se trata de una persecución política, los efectos son reales: la banca internacional podría congelar cuentas del Estado, limitar el acceso a créditos e incluso obstaculizar proyectos de cooperación.