El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó con contundencia tras ser incluido por el gobierno de Estados Unidos en la Lista Clinton, junto al presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer y Nicolás Petro Burgos. La sanción, impuesta por el Departamento del Tesoro, los vincula con organizaciones narcoterroristas y presunto lavado de activos, en el marco de una ofensiva contra el plan de “paz total” del gobierno colombiano.
Desde su cuenta oficial en X, Benedetti denunció la medida como una represalia política por haber defendido públicamente al presidente Petro frente a las acusaciones de narcotráfico. “Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente @petrogustavo no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido”, escribió. Y fue más allá: “Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista”.
El secretario del Tesoro, Scott Bessen, justificó la decisión alegando que desde la llegada de Petro al poder, la producción de cocaína en Colombia “ha alcanzado su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”. Sin embargo, Benedetti rechazó cualquier nexo con el narcotráfico: “Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante”, afirmó, insistiendo en que su inclusión en la lista responde a un castigo por sus pronunciamientos no violentos.
La controversia ha desatado un debate sobre la legitimidad de las sanciones unilaterales y el uso de la OFAC como herramienta de presión política. Mientras Benedetti denuncia una “farsa imperial”, sectores críticos del gobierno exigen transparencia y explicaciones. En medio del cruce de acusaciones, la narrativa que se imponga marcará no solo la reputación de los sancionados, sino también el rumbo de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos.