Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko, fue el último comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), organización señalada por múltiples organismos nacionales e internacionales como responsable de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado. Hoy, como presidente del partido Comunes, su presencia en el debate público sigue generando tensiones, especialmente cuando exige condenas contra figuras como el expresidente Álvaro Uribe, mientras él mismo no ha pagado un solo día de cárcel.
Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Timochenko y otros excomandantes fueron imputados por el reclutamient0 forzado de más de 10.000 menores de edad, incluyendo niños de comunidades indígenas como los Hitnü, Sikuani, Koreguaje, Barí y Cubeo. Estos hechos ocurrieron entre 1996 y 2016, y son considerados de máxima gravedad por el sistema transicional.
Además, la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (Fevcol) ha reiterado que la guerrilla bajo su mando fue responsable de hom¡cidios, secuestros, desplazamientos masivos y ataques contra la población civil, incluyendo masacres como la de Bojayá y atentados en zonas urbanas.
A pesar de la magnitud de los crímenes atribuidos, Timochenko no ha sido condenado a prisión. En virtud del Acuerdo de Paz firmado en 2016, accedió al sistema de justicia transicional, que contempla penas alternativas siempre que haya reconocimiento de verdad y reparación a las víctimas.
Sin embargo, su reciente postura pública en la que solicita sanciones judiciales contra Uribe ha sido cuestionada por sectores que consideran que no tiene autoridad moral para exigir condenas mientras él mismo no ha enfrentado cárcel ni ha respondido plenamente ante las víctimas.