El Gobierno colombiano encendió las alarmas diplomáticas tras condenar el reciente bombardeo de Estados Unidos a una embarcación en el Pacífico Oriental. El ataque, que dejó dos muertos, fue autorizado por el presidente Donald Trump y ejecutado bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
La Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que rechaza la acción militar estadounidense, señalando que se trató de una intervención unilateral en aguas internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores instó a Washington a cesar este tipo de ataques y propuso abrir canales diplomáticos para coordinar estrategias conjuntas contra el crimen organizado.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció, calificando el operativo como una violación grave a las normas internacionales. Aseguró que los fallecidos podrían ser ciudadanos colombianos o ecuatorianos, y advirtió que este tipo de acciones podrían escalar hacia una “barbarie” si no se respeta el marco legal global.
Desde Estados Unidos, el secretario de Defensa defendió la operación como parte de una ofensiva contra organizaciones terroristas vinculadas al narcotráfico. Afirmó que la embarcación destruida era parte de una ruta habitual de contrabando y que no hubo bajas estadounidenses. La Casa Blanca, por su parte, enmarca estas acciones dentro de un “conflicto armado” contra los cárteles.
