El Gobierno Nacional oficializó el viernes 17 de octubre el aumento del 7% en el salario de los congresistas para el año 2025, mediante el Decreto 1092. Con esta medida, los legisladores pasarán de ganar cerca de $49 millones mensuales a más de $52 millones, consolidándose como uno de los grupos mejor remunerados del sector público colombiano.
El reajuste, firmado por el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Hacienda, se aplicará de forma retroactiva desde enero de 2025, lo que significa que los congresistas recibirán además el pago acumulado de los meses anteriores. La decisión se ampara en la Ley 4ª de 1992 y otras normas que regulan la asignación salarial de los servidores públicos.
Sin embargo, el contraste con el resto de los colombianos ha generado indignación. Mientras los congresistas celebran un incremento millonario, el salario mínimo para 2025 aún no ha sido definido, pero se estima que el aumento no superará el 12%, lo que representa menos de $150.000 adicionales para millones de trabajadores. La brecha entre los sueldos del Congreso y el ciudadano promedio sigue creciendo.
Organizaciones sociales y ciudadanos han cuestionado la falta de equidad en los ajustes salariales, especialmente en un contexto de inflación y recortes presupuestales. Aunque el Gobierno defiende la medida como parte de su política de actualización anual, el debate sobre los privilegios legislativos vuelve a encenderse.