En un operativo la Fuerza Pública desmanteló 14 túneles usados por el Clan del Golfo para extraer oro ilegal en Buriticá, Antioquia. La acción, que se llevó a cabo esta semana, fue calificada por el presidente Gustavo Petro como “el golpe más grande de la historia contra la minería ilegal”. Según cifras oficiales, los túneles incautados tenían capacidad para producir cerca de tres billones de pesos al año, dinero que habría servido para financiar armas y operaciones criminales en la región.
El despliegue incluyó a 140 soldados del Ejército Nacional y 120 policías, apoyados por drones y posiciones artilladas. Petro explicó que esta red de extracción ilegal era clave para el sostenimiento de grupos armados, y que sin ese flujo económico, “la mafia armada deja de existir”. Además, anunció que los túneles serán entregados a cooperativas de pequeños mineros tradicionales, como parte de una estrategia para formalizar la actividad y devolverle el control a las comunidades locales.
La propuesta del Gobierno incluye comprar el oro a precios competitivos, pero con descuentos que permitan pagar impuestos y regalías a los municipios auríferos. También se busca que los mineros reciban pagos dignos, con aportes a salud y pensión. La Agencia Nacional de Minería será la encargada de acelerar la titulación formal, mientras otras entidades reforzarán la presencia estatal en zonas donde antes mandaba la economía ilegal.