La Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle por presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la ponencia del magistrado Francisco Farfán, ambos habrían recibido sobornos por 4.000 millones de pesos para favorecer reformas del Gobierno.
La decisión judicial, contenida en un documento de más de 300 páginas, fue objeto de reparos por parte de cinco magistrados de la Sala de Instrucción, quienes presentaron salvamentos de voto, aclaraciones y adiciones. La magistrada Cristina Lombana, en su salvamento, denunció que la providencia final no coincidía con lo discutido en sala, especialmente en lo referente a la medida de aseguramiento sin beneficios. Además, cuestionó la legalidad de las pruebas utilizadas, señalando que algunas fueron obtenidas mediante solicitudes improcedentes a la Fiscalía.
La orden de captura contra Name y Calle fue emitida tras las sesiones del 6 y 7 de mayo de 2025, aunque Lombana asegura que ciertos aspectos clave, como la prisión sin opción de domiciliaria, no fueron debatidos por la mayoría de la Sala.
Este caso pone en tela de juicio la transparencia y el rigor jurídico en decisiones de alto impacto político. Las divisiones internas en la Corte y las denuncias sobre presiones e irregularidades abren un debate sobre el uso del aparato judicial en contextos de polarización y sobre la garantía del debido proceso.
El objetivo de la investigación es esclarecer si los congresistas participaron activamente en el desvío de recursos públicos y si su actuación favoreció intereses gubernamentales a cambio de sobornos. Sin embargo, las críticas internas a la acusación podrían debilitar la solidez del caso y generar dudas sobre su desenlace judicial.