El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el pasado jueves 2 de octubre la prohibición del uso del llamado “lenguaje inclusivo” en todos los centros educativos públicos del país. La medida fue oficializada por la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien giró instrucciones a directores, docentes y personal administrativo para aplicar la restricción de manera obligatoria en materiales, contenidos, libros y comunicaciones institucionales.
La decisión, según el gobierno, busca “garantizar el buen uso del idioma” y proteger a la niñez y adolescencia de “injerencias ideológicas o globalistas” que, según Bukele, podrían afectar su desarrollo integral. Expresiones como “amigue”, “compañere”, “niñe”, “alumn@” o “nosotrxs” quedan vetadas por considerarse “deformaciones lingüísticas” vinculadas a la ideología de género.
La medida ha generado controversia dentro y fuera del país. Mientras sectores conservadores aplauden la iniciativa como una defensa de la lengua española y los valores tradicionales, organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTI+ la critican por promover la censura y excluir formas de expresión que buscan visibilizar identidades no binarias. Además, se cuestiona que la orden no incluya sanciones claras ni protocolos de aplicación, lo que podría abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias.
Esta política se enmarca en una serie de reformas educativas impulsadas por Bukele, que incluyen normas de disciplina escolar, saludo militar obligatorio y restricciones al enfoque de género en la currícula. Para muchos, el veto al lenguaje inclusivo no es solo una cuestión gramatical, sino una señal del rumbo ideológico que toma el sistema educativo salvadoreño bajo su mandato.