Emilio Tapia Aldana, condenado por el escandaloso carrusel de la contratación en Bogotá y protagonista del multimillonario fraude de Centros Poblados, vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras obtener libertad condicional en abril de este año, el contratista pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un esquema de seguridad financiado con recursos públicos, alegando que su vida corre peligro por colaborar con la Fiscalía.
La solicitud incluye un vehículo blindado y dos escoltas permanentes para cada miembro de su familia. Tapia rechazó el programa de testigos de la Fiscalía, asegurando que lo expondría aún más. “Si me dan escoltas, lo acepto de inmediato”, dijo en diligencia judicial. Sin embargo, el juez 74 penal de garantías de Bogotá, Omar Beltrán, negó la petición por falta de pruebas que justificaran el riesgo, recordando que los recursos públicos deben administrarse con rigor.
El pedido de Tapia ha generado indignación en sectores políticos y ciudadanos, especialmente cuando varios precandidatos presidenciales y líderes sociales han denunciado recortes en sus esquemas de seguridad por parte de la misma entidad. Mientras Tapia no ha reparado al IDU ni a las víctimas del desfalco, exige protección estatal como si fuera un funcionario en riesgo.
Este nuevo capítulo en la historia judicial de Emilio Tapia revive el debate sobre el uso de recursos públicos, la impunidad y el trato preferencial que parecen recibir algunos condenados por corrupción. ¿Protección para el corrupto y recorte para el que denuncia? Así está el país.