El Senado de Colombia dio un paso histórico al aprobar en segundo debate la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que establece un nuevo modelo de financiamiento para las instituciones de educación superior pública. Esta reforma garantiza que las universidades, institutos técnicos y tecnológicos estatales reciban recursos actualizados anualmente según el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), lo que permitirá asegurar una financiación más estable y acorde con el verdadero costo operativo de estas instituciones.
Esta aprobación significa un avance decisivo para llevar educación superior de calidad a territorios periféricos y marginados del país, poniendo fin a décadas de déficit estructural en el financiamiento público universitario.
El proyecto también introduce transferencias adicionales destinadas a ampliar la cobertura educativa, fortalecer la planta docente y administrativa, fomentar el bienestar estudiantil y mejorar la calidad académica. El ministro de Educación, Daniel Rojas, calificó esta reforma como un cierre de brechas históricas que beneficiará a toda la comunidad educativa.
Además de mejorar los recursos, la reforma fortalece la transparencia y la participación ciudadana, permitiendo la conformación de veedurías ciudadanas que vigilen el correcto uso de los recursos públicos asignados a la educación superior, con el acompañamiento de la Contraloría General.