La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera sentencia histórica contra siete exjefes de las FARC, responsables de más de 21 mil secuestros durante el conflicto armado, imponiendo sanciones restaurativas por ocho años sin cárcel, basadas en trabajos sociales y reparación a víctimas. En contraste, la influenciadora Epa Colombia fue condenada por la justicia ordinaria a cinco años de prisión y fuertes multas por vandalizar estaciones de TransMilenio en 2019, sin que sus propuestas de indemnización hayan sido aceptadas.
Los exmiembros del secretariado de las FARC, entre ellos Rodrigo Londoño (Timochenko) y Pablo Catatumbo, aceptaron su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, lo que la JEP tradujo en un modelo de justicia transicional que prioriza la verdad, la reparación integral y la no repetición, en función de la paz y la reconciliación. Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, defendió el fallo señalando que “esta sentencia no busca hundir a nadie en la sombra, sino alumbrar nuevos caminos”.
Por otro lado, el caso de Epa Colombia ha generado gran polémica. Su condena por cinco años de cárcel y multas económicas responde a actos de vandalismo durante una protesta social, delitos graves pero considerablemente menores en escala y consecuencias que los cometidos por las FARC. Sin embargo, la justicia ordinaria no ha aceptado las propuestas de reparación económica y social presentadas por la influenciadora, lo que contrasta con el enfoque restaurador y comunitario de la JEP.
Ante las críticas desatadas por la disparidad en las sanciones, el expresidente Juan Manuel Santos recordó que “yo siento el dolor de las víctimas que reclaman que quien mató a su hijo pague solo con sanciones restaurativas. Pero de eso se trata la justicia transicional, y es un sapo que tenemos que tragarnos si queremos la paz”. Santos enfatizó que estas medidas buscan asegurar el fin del conflicto armado y evitar la repetición de crímenes masivos, dejando la cárcel para los casos excepcionales.