Steven Ospina, reconocido líder de la Primera Línea en Siloé durante el estallido social de 2021, se ha convertido en uno de los caleños más favorecidos por el Pacto Histórico al recibir millonarios contratos con entidades del Estado como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y el Ministerio de Minas y Energía. En total, Ospina recibirá más de $170 millones por su trabajo apoyando espacios de diálogo y actividades desde el Valle del Cauca, sin necesidad de salir de su ciudad.
Uno de los contratos más llamativos es el firmado con el Dapre, por $75 millones, cuyo objeto es «brindar apoyo a la Consejería Presidencial para las Regiones», tarea que podrá realizar desde Cali o incluso desde su barrio en Siloé. Adicionalmente, con el Ministerio de Minas y Energía obtuvo un contrato por 10 meses y $95 millones para apoyar “espacios de diálogo en asuntos ambientales y mineros” en la misma región. Estas cifras contrastan con el origen de la Primera Línea, cuyo equipamiento básico como cascos y elementos de protección fue inicialmente gestionado por Gustavo Bolívar, exsenador y figura del Pacto Histórico.
Ante la polémica, surge la pregunta: ¿es esta la forma en que se están utilizando los recursos públicos y qué mensaje envía a quienes participaron en las protestas sociales? Lo que en su momento fue un movimiento de resistencia popular hoy tiene un rostro diferente y millonario dentro del mismo sector político que en su momento los apoyó, generando críticas sobre la transparencia y el destino del dinero público en Colombia.