Un menor de 15 años, alias “Tianz”, fue condenado a siete años de reclusión en un centro especializado tras asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en Bogotá. El crimen, perpetrado durante un mitin político, generó conmoción nacional y reabrió el debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes en Colombia.
A raíz del caso, congresistas de varios partidos incluyendo Centro Democrático, Liberal, Cambio Radical y otros radicaron un proyecto de ley que propone reformar el Código Penal y la Ley de Infancia y Adolescencia. La iniciativa busca que jóvenes entre 14 y 17 años puedan ser juzgados como adultos cuando cometan delitos graves como homicidio, terrorismo, secuestro o abuso sexual.
El proyecto fue radicado días después del atentado contra Uribe Turbay, y ahora inicia su discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. La propuesta ha sido respaldada por figuras como Óscar Villamizar, Carolina Arbeláez y Piedad Correal, quienes insisten en que “no más sicarios libres en siete años”.
Los impulsores del proyecto argumentan que las bandas criminales están instrumentalizando a menores, sabiendo que las penas actuales son bajas y no generan antecedentes. Bajo la Ley 1098 de 2006, la sanción máxima para adolescentes es de ocho años, incluso en casos de homicidio. Para muchos, esto representa una “burla” frente al dolor de las víctimas.
El objetivo es endurecer las penas para adolescentes que cometan delitos atroces, aplicando el Código Penal ordinario (Ley 599), que contempla sanciones de hasta 60 años. Los congresistas aseguran que esto no es populismo punitivo, sino una respuesta urgente a una realidad que desborda el sistema actual.
Aunque algunos defienden la reforma como una medida de justicia, otros advierten sobre el riesgo de vulnerar los derechos de los adolescentes y de caer en una lógica punitiva que no resuelve el problema de fondo: la exclusión, el reclutamiento forzado y la falta de oportunidades. El abogado penalista Misael Castañeda explicó que el sistema juvenil busca resocializar, no castigar como en el régimen adulto.