Pam Bondi, fiscal general del presidente Donald Trump, ha presentado una solicitud formal al FBI para arrestar a todos los individuos asociados con el régimen de Nicolás Maduro que se encuentren en territorio estadounidense.
Esta medida busca intensificar la presión sobre el gobierno venezolano y sus aliados en medio de las crecientes tensiones políticas y económicas.
Bondi, conocida por su firme postura contra el régimen de Maduro, argumentó que estas personas representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y deben ser detenidas y procesadas por sus vínculos con actividades ilícitas y violaciones de derechos humanos en Venezuela.
En una declaración reciente, Bondi afirmó: «No podemos permitir que individuos asociados con un régimen opresivo y corrupto encuentren refugio en nuestro país. Debemos actuar con determinación para proteger a nuestra nación y apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la libertad y la democracia».
La solicitud de Bondi ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Algunos sectores aplauden la iniciativa, considerándola un paso necesario para enfrentar la crisis en Venezuela y apoyar a la oposición venezolana. Otros, sin embargo, critican la medida, argumentando que podría exacerbar las tensiones diplomáticas y afectar a los ciudadanos venezolanos que buscan asilo en Estados Unidos.
Esta acción se enmarca en un contexto de creciente presión internacional sobre el régimen de Maduro, con varios países y organizaciones internacionales denunciando las violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria en Venezuela.
La administración de Donald Trump ya había impuesto sanciones económicas y restricciones de viaje a funcionarios del gobierno venezolano, y la solicitud de Bondi refuerza esta política de mano dura.