La Defensoría del Pueblo Regional Córdoba podría estar entrando en un nuevo movimiento interno apenas semanas después de la llegada de Carlos Mario José Pineda Anaya a la dirección. El abogado fue posesionado recientemente por la defensora del Pueblo, Iris Marín, luego de desempeñarse como defensor regional del Sur de Córdoba. Sin embargo, en círculos políticos y administrativos del departamento comenzaron a circular versiones sobre un eventual relevo, en medio de cuestionamientos relacionados con su manejo de los funcionarios de la regional.
Los rumores estarían relacionados, entre otros aspectos, con un supuesto malestar de algunos funcionarios frente al estilo de administración de Pineda. Según versiones que circulan en el departamento, al funcionario se le cuestionaría una presunta falta de empatía con parte del personal y una gestión que algunos trabajadores considerarían distante de la labor territorial que desarrolla la Defensoría. Incluso se habla de supuestas tensiones internas y de decisiones que algunos funcionarios interpretarían como una forma de presión laboral. Estos señalamientos no han sido confirmados oficialmente y, por ahora, hacen parte de las versiones que estarían alimentando la posibilidad de un relevo.
En medio de ese escenario, comenzaron a mencionarse varios nombres como posibles opciones para ocupar cargos en la estructura regional. Para la Defensoría de Córdoba en propiedad aparecen, según las versiones conocidas, Juan Francisco Pérez Palomino, abogado y académico, y Víctor Castilla Plaza, jurista que ya habría ocupado anteriormente la dirección regional. A estos nombres se suma Juan Camilo Twiran Monsalve, quien estaría siendo mencionado para asumir la Defensoría del Sur de Córdoba. En el caso de Castilla Plaza, las versiones también destacan su parentesco con el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara; mientras que Twiran Monsalve es identificado como hijo del exmagistrado Manuel Twiran Monsalve.
La expectativa queda ahora centrada en si las versiones sobre una eventual reorganización terminan convirtiéndose en una decisión formal de la Defensoría del Pueblo. Pineda llegó al cargo con experiencia como defensor regional del Sur de Córdoba, expersonero de Tierralta y trayectoria en asuntos de derechos humanos y acompañamiento comunitario. Por ahora, no existe anuncio oficial sobre su salida, ni confirmación de los nombres que estarían sonando para reemplazarlo. Si finalmente se produce un relevo, uno de los principales interrogantes será si obedecerá a una reorganización administrativa, a las presuntas inconformidades internas o a otros criterios que deberá explicar la dirección nacional de la entidad.
