Los usuarios del servicio de gas en los ocho departamentos declarados en calamidad pública recibieron una noticia clave: el Gobierno nacional, mediante el Decreto 0242, prohibió expresamente a las empresas prestadoras cobrar el servicio mientras las viviendas no sean habitables debido a la emergencia invernal. Esta medida asegura que las familias que han perdido sus bienes o ingresos no tengan que enfrentar, además, el peso de facturas por un servicio que no han podido utilizar.
La normativa establece que las empresas no podrán facturar consumos ni cargos fijos hasta que los inmuebles recuperen las condiciones de seguridad y habitabilidad necesarias. Además, para quienes ya tenían deudas previas a la emergencia en estratos 1 y 2, la ley obliga a las prestadoras a diferir estos pagos por un plazo mínimo de 12 meses. En caso de que se hayan tenido que reponer medidores o redes internas dañadas por las inundaciones, los planes de pago podrán extenderse incluso hasta los 36 meses.
Con este paquete de decretos, el Ministerio de Minas y Energía busca dar un respiro financiero a las comunidades más vulnerables del país mientras avanza la recuperación de las zonas afectadas. Por su parte, la CREG ya tiene instrucciones de establecer mecanismos de compensación para asegurar que la prestación del servicio se normalice de manera segura y eficiente una vez superada la crisis climática.
