Las recientes inundaciones en el departamento de Córdoba han generado una crisis que afecta a comunidades ribereñas y zonas rurales, con viviendas destruidas y familias damnificadas. El desbordamiento del río San Jorge y el rebose del embalse de Urrá obligaron a las autoridades a declarar alerta roja y calamidad pública, mientras se activaban planes de emergencia para atender a los afectados. Estos hechos son reales y han sido confirmados por la Gobernación y el Ideam, que advierten sobre el riesgo persistente en varias cuencas.
En medio de la emergencia, ciudadanos han expresado su inconformidad y aseguran que las inundaciones pudieron evitarse si el gobierno hubiera tomado medidas preventivas con anterioridad. Aunque se trata de opiniones y no de afirmaciones oficiales, el cuestionamiento se repite en conversaciones locales y redes sociales, donde se señala la falta de obras de mitigación y de respuestas rápidas frente al incremento de los niveles de los ríos.
Lo cierto es que la situación actual deja cientos de familias damnificadas y comunidades enteras bajo el agua, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de la región frente a fenómenos climáticos cada vez más intensos. Mientras las autoridades refuerzan la atención y buscan soluciones inmediatas, la discusión pública se centra en si las acciones tempranas hubieran cambiado el panorama. La gente cuestiona y debate, pero los hechos muestran que hoy Córdoba enfrenta una emergencia que exige solidaridad y respuestas efectivas.
