La eliminación de la prima especial de servicios que durante más de una década recibieron los congresistas ha generado un intenso debate en Colombia. Este beneficio, creado en 2013, representaba un ingreso adicional de casi $17 millones mensuales, lo que elevaba el salario total de los legisladores a más de $50 millones. Con el Decreto 0030 de enero de 2026, el Gobierno decidió suprimir este pago, que dejará de existir a partir del 20 de julio, cuando se posesionen los nuevos congresistas.
Ahora, los senadores y representantes recibirán únicamente su salario base, cercano a los $34 millones mensuales, sin la prima dorada que los diferenciaba del resto de funcionarios públicos. Para muchos ciudadanos, esta medida es un acto de justicia social, pues elimina un privilegio que los alejaba de la realidad económica del país, donde millones de colombianos sobreviven con un salario mínimo de poco más de $1,3 millones.
La pregunta que queda abierta es si esta decisión realmente transformará la percepción de privilegios en el Congreso. ¿Es suficiente quitar la prima para recuperar la confianza ciudadana, o se necesitan reformas más profundas en el sistema político y salarial?
