El accidente del avión militar en Puerto Leguízamo, ocurrido recientemente, volvió a encender las alarmas sobre la seguridad aérea en las Fuerzas Militares. El hecho, que dejó varias víctimas, abrió interrogantes técnicos y políticos en el Congreso, donde se cuestiona si las aeronaves están recibiendo el mantenimiento adecuado y si los recursos destinados a la flota aérea están siendo utilizados de manera eficiente. La representante Juana Carolina Londoño señaló que, durante el actual gobierno, se han registrado al menos 12 accidentes de aeronaves militares en los últimos 43 meses, lo que para ella refleja un patrón que merece atención especial.
A estas preocupaciones se sumaron voces como la de la senadora María Fernanda Cabal, quien pidió una investigación rigurosa y con acompañamiento internacional para garantizar transparencia y credibilidad. Según la congresista, es necesario establecer si los incidentes responden a fallas técnicas, problemas de mantenimiento o causas distintas, y advirtió que, de encontrarse posibles indicios de sabotaje o terrorismo, el caso debería escalar al ámbito penal con apoyo externo. La solicitud busca que entidades como la Administración Federal de Aviación o la Junta Nacional de Seguridad del Transporte puedan aportar su experiencia en el proceso.
Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa llamó la atención sobre la capacidad real de la flota aérea del país, asegurando que cerca de la mitad de las aeronaves estarían fuera de servicio por mantenimiento o por obsolescencia. En su criterio, la modernización de la Fuerza Aérea no puede seguir aplazándose, pues el país enfrenta desafíos crecientes como el uso de drones y nuevas estrategias de combate. Motoa insistió en que la inversión en tecnología y seguridad aérea es fundamental para proteger la vida de los uniformados y enfrentar con eficacia a los grupos armados ilegales.
