A menos de un mes de la primera vuelta presidencial, la seguridad de las elecciones volvió a ser tema de debate tras denuncias sobre presunto constreñimiento de grupos armados ilegales. El registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado a la Fuerza Pública para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en libertad, sin presiones ni restricciones, recordando que el objetivo es que todos los puestos y mesas estén instalados y funcionando con normalidad.
En paralelo, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica cualquier tipo de amenaza o presión al electorado, incluso aquellas que se mencionan como supuestamente a su favor. Cepeda aseguró que no avala ni acepta prácticas que limiten la libertad de los votantes y pidió que se investiguen las denuncias que circulan en distintas regiones del país. El pronunciamiento marca un giro frente a su postura inicial, cuando había negado la existencia de tales presiones y señalado a otros sectores políticos de calumniarlo.
La controversia se suma a la preocupación por la presencia de grupos armados en zonas donde históricamente han ejercido control, y a las advertencias de su campaña sobre la falta de garantías para auditar el software electoral. En este contexto, las autoridades y los candidatos coinciden en que esclarecer las denuncias es fundamental para asegurar una jornada democrática transparente y libre de intimidaciones.
