La representante a la Cámara por Arauca, Karen Manrique, se entregó voluntariamente a las autoridades en Tame luego de conocerse la medida de aseguramiento dictada por la Corte Suprema de Justicia en el marco del caso UNGRD. Según su defensa, la parlamentaria acudió primero a la estación de Policía y posteriormente a la Sijín, donde permanece a la espera de las decisiones de la Sala de Instrucción.
El abogado Andrés Garzón, defensor de Manrique, sostiene que las actuaciones de su representada se enmarcan en la Ley Quinta de 1992, que permite a los congresistas gestionar proyectos para sus regiones. En ese sentido, afirmó que la gestión del proyecto de mantenimiento y dragado del río Bojabá responde a compromisos adquiridos en un paro cívico de 2023 y no a intereses personales. Frente a los señalamientos sobre una presunta venta de votos, Garzón insistió en que tales versiones carecen de fundamento y que la congresista mantiene su presunción de inocencia.
Respecto a los testimonios de Olmedo López y Sneider Pinilla, la defensa considera que no corresponden a la realidad y los calificó como relatos que deberán ser contrastados en juicio. Asimismo, señaló que los chats entregados por María Alejandra Benavides serán objeto de análisis en el proceso judicial para esclarecer su contexto. Garzón reiteró que Manrique no busca beneficios mediante confesiones y que su estrategia se centra en demostrar que las actuaciones de la congresista estuvieron dirigidas a las comunidades de Arauca, dentro de los márgenes legales.
