Una presunta estructura delincuencial que se hacía pasar por una red de veeduría ciudadana habría estado detrás de exigencias económicas a varios alcaldes y funcionarios en el departamento del Cesar. De acuerdo con la Fiscalía, tres personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías por su posible participación en un entramado que habría operado entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, solicitando sumas que oscilarían entre 10 y 300 millones de pesos para abstenerse de interponer denuncias por supuestos hechos de corrupción.
Los señalados serían Juan David López Rojas, José Carlos Toncel García y Federman Asley López, quienes, según las investigaciones, habrían cumplido roles específicos dentro de la organización: López Rojas como presunto cabecilla, Toncel García como intermediario y López encargado de la logística y recepción del dinero. En este contexto, se les atribuyen posibles extorsiones contra el alcalde y el gerente de la empresa de servicios públicos de La Jagua de Ibirico, así como contra el alcalde de Becerril.
Por estos hechos, un fiscal Gaula imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada. Aunque los implicados no aceptaron los cargos, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
