El próximo 20 de julio se cerrará uno de los capítulos más controvertidos de la política colombiana: la salida de los diez exintegrantes de las FARC que ocuparon curules en el Congreso gracias al acuerdo de paz firmado en 2016. Durante ocho años, entre 2018 y 2026, cinco senadores y cinco representantes tuvieron escaños garantizados sin necesidad de competir en las urnas, un privilegio que generó rechazo en amplios sectores de la ciudadanía.
La presencia de estos excombatientes en el Legislativo fue vista por muchos como un experimento político que nunca terminó de convencer. Mientras recibían salarios, esquemas de seguridad y beneficios financiados con recursos públicos, las víctimas reclamaban verdad, justicia y reparación. Para críticos del proceso, lo que se entregó a cambio fue insuficiente: no hubo sanciones ejemplares ni una reparación proporcional al daño causado por años de violencia.
Las elecciones de marzo enviaron un mensaje contundente: esta vez, los exFARC tuvieron que someterse al voto ciudadano y no lograron el respaldo necesario para continuar en el Congreso. Con su salida, se cierra un ciclo que deja más preguntas que respuestas sobre lo que realmente ganó Colombia con ocho años de representación especial. La llamada “paz total” queda marcada por la polémica y el debate sobre si el país recibió justicia o simplemente privilegios disfrazados de reconciliación.
