El Gobierno de Abelardo De La Espriella frenó la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), luego de advertir que el nuevo esquema podría elevar considerablemente el costo de obtener o recategorizar una licencia de conducción. El Ministerio de Transporte, liderado por Elsa Noguera, suspendió la entrada en operación mediante la Circular 0317 del 28 de agosto y anunció una revisión de la estructura, la legalidad y los costos del modelo.
La preocupación está en el bolsillo de los colombianos: según el Ministerio, una licencia que actualmente puede costar alrededor de $1,4 millones podría llegar hasta $2,2 millones con la implementación de los CALE, lo que representaría hasta $800.000 adicionales. Noguera fue contundente al señalar que el Gobierno cumplirá la ley, pero no trasladará automáticamente nuevos costos a los ciudadanos sin determinar primero si son necesarios y si realmente contribuyen a mejorar la seguridad vial.
Ahora el Gobierno deberá revisar, entre otros aspectos, la capacidad de los centros registrados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la legalidad del contrato y si el aumento de los costos está realmente justificado. La suspensión no significa que los CALE hayan sido eliminados definitivamente, sino que su implementación queda en pausa mientras se adelanta la revisión. Por ahora, el mensaje de la administración es claro: mejorar la seguridad vial sí, pero sin convertir la licencia de conducción en un lujo para los colombianos.
