La cárcel de Itagüí continúa en el centro de la polémica tras conocerse denuncias sobre una presunta repartición de dinero entre funcionarios del Inpec durante una fiesta no autorizada. Según versiones preliminares, la suma habría alcanzado los 200 millones de pesos, en un contexto en el que las cámaras de seguridad del pabellón de alta seguridad no estaban operando, lo que presuntamente facilitó la realización del evento sin registros internos.
La concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, señaló que la Fiscalía adelanta indagaciones para establecer quiénes habrían supuestamente recibido dichos recursos y cómo se permitió el ingreso de artistas, licor y vehículos de alta gama al penal. En sus declaraciones, insistió en que será la justicia la encargada de confirmar las responsabilidades y esclarecer si hubo omisiones deliberadas en la reparación de los sistemas de videovigilancia.
Durante inspecciones posteriores, las autoridades incautaron bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas, electrodomésticos y equipos de comunicación dentro del pabellón, lo que evidencia fallas en los controles internos. Por ahora, las investigaciones avanzan en la recopilación de pruebas y en la identificación de posibles beneficiarios, mientras se mantiene la presunción de inocencia y se espera que las instituciones competentes determinen con claridad lo ocurrido en la llamada “megaparranda” vallenata.
