Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, no pudo contener las lágrimas al revelar que la institución adeuda más de 22.000 millones de pesos a sus trabajadores, quienes pasaron diciembre sin recibir su salario ni aguinaldo. El motivo, según explicó, son las deudas acumuladas de EPS como Nueva EPS y Savia Salud, ambas intervenidas por el Gobierno Petro, que no han cumplido con sus obligaciones financieras.
La crisis no es aislada. En Antioquia, las EPS intervenidas por el Ejecutivo deben cerca de 4,9 billones de pesos, mientras que la deuda total del sistema de salud en el departamento ronda los 8 billones. El propio gerente relató que algunos funcionarios se han desmayado de hambre y que, pese a no recibir pago, siguen trabajando por compromiso con los pacientes. Una situación que desnuda la precariedad y el abandono estatal frente a quienes sostienen la atención médica en Colombia.
El Gobierno Petro, al intervenir estas EPS, asumió la responsabilidad de garantizar su funcionamiento y el flujo de recursos. Sin embargo, la falta de pagos ha generado un efecto dominó que golpea directamente a hospitales públicos y privados. Para muchos analistas, el Ejecutivo es el principal responsable de este colapso: al no cumplir con las obligaciones de las EPS intervenidas, dejó a miles de trabajadores sin sustento y a los pacientes expuestos a un sistema debilitado.
