El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia que desató comentarios en el sector vivienda. A través de su red social X, pidió investigar a constructoras por supuestas alzas injustificadas en el valor de los inmuebles, señalando que algunas empresas estarían aplicando prácticas engañosas al indexar los precios al mismo porcentaje del salario mínimo. Según el mandatario, esa fórmula constituye una “estafa delictiva” y contradice la caída reciente en los costos de varios materiales importados.
Petro solicitó a la Superintendencia de Vigilancia adelantar investigaciones y aplicar sanciones si se comprueban irregularidades, mientras pidió al Ministerio de Vivienda abstenerse de girar subsidios a constructoras que, según sus palabras, estarían afectando a los compradores. La advertencia se interpreta como parte de los esfuerzos del Gobierno por controlar los precios y garantizar mayor transparencia en el acceso a la vivienda social.
El debate se intensificó tras el incremento del salario mínimo para 2026, fijado en 23,7%, que originó ajustes automáticos en los topes de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Analistas señalan que este aumento encarece el acceso para hogares de ingresos bajos y medios, mientras gremios como Camacol advierten que la presión sobre los costos podría acercarse a un 10%, afectando directamente a los segmentos que las políticas buscan proteger.
