La revelación de la Resolución No. 0139 de la Fiscalía General de la Nación, expedida el 12 de abril de 2024, ha generado un nuevo debate sobre las garantías de seguridad en Colombia. En dicho documento se ordenó la suspensión temporal de varias órdenes de captura contra integrantes de grupos armados, entre ellos José Aldinever Sierra Sabogal, conocido como alias Zarco Aldinever, señalado posteriormente por su presunta participación en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Según consta en la resolución, la medida se adoptó en el marco de las facultades legales que permiten suspender capturas para facilitar procesos de diálogo con organizaciones armadas. Sin embargo, la coincidencia temporal entre la suspensión y el atentado ocurrido en Bogotá ha despertado cuestionamientos sobre si esta decisión pudo haber incidido en la capacidad de las autoridades para prevenir el crimen. Cabe recordar que la orden de captura contra alias Zarco Aldinever fue reactivada solo 40 días después del magnicidio.
Aunque la Fiscalía insiste en que la suspensión obedeció estrictamente a solicitudes del Gobierno Nacional en el marco de la política de paz total, sectores políticos y sociales han planteado dudas sobre la responsabilidad institucional en la protección de líderes públicos. Por ahora, las investigaciones avanzan bajo la presunción de inocencia, pero el país sigue exigiendo respuestas claras sobre cómo un cabecilla señalado de un magnicidio pudo estar sin orden de captura en el momento más crítico.
