El presidente Gustavo Petro volvió a encender la discusión pública tras responder al magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, quien pidió suspender de manera provisional el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que se declaró la Emergencia Económica y Social en todo el país. La solicitud del magistrado desató comentarios sobre el alcance de las medidas y el impacto que tendría su eventual suspensión.
A través de su cuenta en X, Petro advirtió que frenar el decreto provocaría un supuesto aumento “puramente especulativo” en el costo de la deuda, lo que, según él, favorecería a sectores privilegiados. El mandatario insistió en que el Gobierno seguirá apostando por el trabajo y la vida como ejes de su política económica, y señaló que, de prosperar la ponencia, Camargo asumiría corresponsabilidad en una crisis fiscal que, a su juicio, podría evitarse.
Desde el Ejecutivo se ha defendido que las medidas buscan atender el desbalance fiscal tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso. El Ministerio de Hacienda calcula un recaudo de 11,1 billones de pesos para estabilizar las finanzas públicas. En paralelo, Petro reiteró que la salida “más sana” es que los sectores de mayores ingresos devuelvan parte de los subsidios recibidos, mientras se impulsa la producción, el empleo y la demanda interna como ruta para cumplir con los compromisos financieros del país.
