En medio de la controversia por su papel como gestora de paz, Violeta Arango Ramírez, alias “Violeta”, reconoció en declaraciones que dentro del ELN hay menores de 15 años en sus filas. Aunque ella insiste en que el ingreso es “voluntario” y lo presenta como un “proyecto de vida”, lo cierto es que la incorporación de menores de edad constituye, según la ley, un delito de reclutamiento infantil. La admisión ha encendido las alarmas sobre la legitimidad de su papel en los diálogos de paz.
Cabe recordar que la Fiscalía acusó formalmente a Violeta por su presunta participación en el atentado al Centro Comercial Andino en 2017, hecho que dejó tres muertos y más de diez heridos. En ese proceso se le señalaron delitos como terrorismo, homicidio agravado y concierto para delinquir. A pesar de ello, hoy aparece en escenarios de reconciliación, lo que genera indignación en sectores que consideran contradictorio que alguien con ese historial sea vocera de paz.
La polémica se centra en la presunción de que, mientras se habla de paz, se mantienen prácticas como el reclutamiento de menores y la justificación de la violencia. Críticos advierten que la figura de Violeta como gestora es un “lavado de imagen” que desconoce el dolor de las víctimas del Andino y de los niños que han sido arrastrados a la guerra. La pregunta que queda en el aire es si el país puede confiar en una paz liderada por quienes, según la justicia, han estado vinculados a crímenes atroces.
