En plena campaña presidencial y legislativa de finales de 2025, el Departamento para la Prosperidad Social suscribió nueve convenios por un total de $119.701 millones con resguardos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes, dentro del programa de Atención Integral con Enfoque Diferencial. Los contratos fueron firmados entre noviembre y diciembre de ese año y se ejecutaron hasta julio de 2026, según documentos oficiales consultados.
Entre las organizaciones beneficiarias figuran la Asociación de Municipios de la Cuenca del Atrato y Darién (ASOATRATO), el Cabildo del Resguardo Indígena Kizgó, la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas del Nudo de los Pastos (SHAQUIÑAN), el Cabildo Kankuamo y varios consejos comunitarios del Pacífico y el Atrato. En algunos de los convenios se consignaron recursos destinados a prácticas culturales y espirituales, como ceremonias de armonización, insumos tradicionales y acompañamiento de saberes ancestrales, en el marco de la ejecución de proyectos productivos y comunitarios.
Los documentos revisados muestran que estas cláusulas fueron incluidas como contrapartidas de las asociaciones, con aportes en especie y en conocimiento, además de recursos económicos. En el caso del convenio con SHAQUIÑAN, por ejemplo, se destinaron más de 90 millones de pesos para ceremonias de armonización y cerca de 108 millones para insumos rituales, mientras que el resguardo Kankuamo asignó 100 millones para permisos espirituales y tradicionales. Estos elementos, según lo estipulado, forman parte de la visión diferencial del programa IRACA, que busca integrar prácticas culturales en los procesos de desarrollo comunitario.
