La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño diagnosticado con hemofilia A severa, abrió un debate profundo sobre el acceso a medicamentos en Colombia. Su madre, Yudy Katerine Pico, denunció que la falta de entrega oportuna del tratamiento y las demoras en la red de atención médica fueron determinantes en el deterioro de la salud del menor. El caso ha generado conmoción nacional y cuestionamientos sobre la capacidad del sistema de salud para responder a pacientes con enfermedades raras.
Según el testimonio de la madre, Kevin llevaba semanas sin recibir el medicamento esencial para controlar su condición, lo que lo hacía vulnerable a sangrados y hematomas. Tras una caída en bicicleta, fue trasladado al hospital, donde, de acuerdo con la denuncia, pasó más de 24 horas sin el tratamiento requerido mientras se gestionaban autorizaciones administrativas. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras alertó sobre la gravedad del caso y exigió garantías en el suministro de medicamentos, advirtiendo una posible vulneración del derecho a la salud.
Este hecho pone en evidencia la urgencia de revisar los mecanismos de entrega de tratamientos para enfermedades huérfanas y la responsabilidad institucional frente a emergencias vitales. Más allá de las cifras, la historia de Kevin refleja la fragilidad de miles de familias que dependen de un sistema que, según denuncias, no siempre responde con la rapidez necesaria. La discusión sobre la eficiencia de las EPS y la protección de los derechos de los pacientes vuelve a estar en el centro de la agenda pública.
