La situación del congresista Wadith Manzur, recientemente elegido para ocupar una curul en el Senado, ha generado debate jurídico y político. Aunque fue privado de la libertad por decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco del caso UNGRD, aún no existe una sentencia condenatoria en su contra, lo que mantiene vigente el principio de presunción de inocencia. Este aspecto ha sido utilizado como argumento por quienes solicitan que se le permita tomar posesión de su cargo el próximo 20 de julio.
La Corte Suprema, sin embargo, recordó que la Ley 600 de 2000 establece que cuando un servidor público enfrenta una medida de aseguramiento en centro carcelario, corresponde a la autoridad competente suspenderlo en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, el alto tribunal informó que ya notificó a la Cámara de Representantes, donde Manzur ejercía hasta ahora, para que se aplicara la disposición legal.
El futuro de su posesión en el Senado quedó en manos de la Mesa Directiva de esa corporación, encabezada por su presidente Lidio Arturo García. Será allí donde se defina si Manzur puede asumir el cargo o si se aplica la suspensión prevista por la normativa, en un contexto marcado por la controversia y la atención pública debido al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
