En los últimos meses, investigaciones judiciales en Colombia han desatado un escándalo de corrupción en torno a altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro, señalando presuntas maniobras para desviar recursos públicos y adjudicar contratos con fines políticos. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a dos exministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por presunta conspiración para delinquir, cohecho y celebración irregular de contratos en el marco de lo que ha llamado un “pacto criminal” para favorecer apoyos legislativos mediante el uso de fondos estatales de entidades públicas.
Según la Fiscalía, los exministros, junto con otros funcionarios, habrían intentado direccionar al menos 79 contratos públicos por más de 163 millones de dólares desde la UNGRD y otras entidades estatales, con el supuesto propósito de entregar recursos a empresas vinculadas a congresistas y aliados políticos a cambio de respaldo en el Congreso de la República. Aunque solo siete de esos contratos llegaron a ejecutarse, el ente acusador sostiene que las irregularidades constituyen uno de los mayores escándalos de corrupción del actual Gobierno.
Este entramado de corrupción también ha llevado a la captura de expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, acusados de recibir millonarias coimas para facilitar la aprobación de leyes impulsadas por el Ejecutivo. Exfuncionarios de la UNGRD, quienes colaboraron con las pesquisas, señalaron que aproximadamente 4.000 millones de pesos colombianos habrían sido pagados como sobornos para asegurar apoyo político.
Aunque el presidente Petro ha defendido a sus exministros y ha asegurado que “no salió ni un peso” directamente del presupuesto por estas maniobras, fuentes judiciales sostienen que la investigación continúa en curso y que los procesos aún no han culminado en condenas definitivas.
Los casos descritos, incluidos procesos penales oficiales y órdenes de captura emitidas por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, reflejan una crisis de confianza en torno al manejo de recursos públicos y la conducta de altos funcionarios del Gobierno, sin dejar de lado el principio de presunción de inocencia mientras los procesos se desarrollan.
