La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas en Sucre tras suspender a Marta Cantillo, alcaldesa de San Onofre, por presunta participación indebida en política. El anuncio fue hecho por el procurador general Gregorio Eljach Pacheco, quien confirmó que la mandataria habría intervenido de manera irregular en actividades relacionadas con la actual campaña presidencial, un hecho que desató un torbellino de reacciones en el panorama político del departamento.
El organismo de control adelanta las investigaciones para establecer si Cantillo vulneró las normas que prohíben a los funcionarios públicos involucrarse en debates electorales. La medida preventiva busca garantizar la transparencia del proceso democrático y evitar que el poder local se utilice como plataforma de influencia política. Mientras tanto, la administración municipal queda en manos de un encargado, generando incertidumbre sobre la continuidad de proyectos y decisiones clave para la comunidad.
La suspensión de Cantillo abre un nuevo capítulo en la ya convulsionada política de San Onofre. Este caso revive el debate nacional sobre los límites de la participación de los servidores públicos en campañas electorales y pone bajo la lupa la relación entre poder territorial y elecciones presidenciales. En el departamento de Sucre, las reacciones no se hicieron esperar: algunos sectores celebran la decisión como un acto de justicia, mientras otros la consideran un golpe político con tintes de persecución.
