Findeter, la Financiera de Desarrollo Territorial, adjudicó de manera directa un contrato por 18.000 millones de pesos para la compra de maquinaria pesada, apenas horas antes de que entrara en vigencia la ley de garantías. El proceso había fracasado en dos ocasiones previas, con licitaciones declaradas desiertas por irregularidades en las propuestas, pero finalmente se concretó con el consorcio MAQ 2026.
Según documentos revisados, en las etapas iniciales se detectaron certificaciones bancarias adulteradas. Una carta cupo presentada por MotoMart SAS, integrante de la Unión Temporal M&B, fue declarada falsa por el Banco de Bogotá. Pese a ello, la empresa reapareció vinculada en la contratación directa, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso.
La polémica se amplió cuando el consorcio ganador presentó certificaciones de experiencia comercial que resultaron cuestionadas. Una de ellas, supuestamente emitida por Distribuidora Dinissan, fue desmentida por la propia compañía, que aseguró que el documento no correspondía a ninguna comunicación oficial. Este hecho, de confirmarse, implicaría el uso de información falsa para acceder a recursos públicos.
Aunque Findeter sostiene que actuó dentro de los márgenes legales, la coincidencia de las fechas, la rapidez de la adjudicación y la aparición de documentos presuntamente falsos han encendido las alarmas. El caso, que involucra recursos del Fondo Paz destinados a municipios afectados por la violencia, podría derivar en investigaciones de la Fiscalía para establecer responsabilidades y esclarecer cómo se entregaron estos 18.000 millones de pesos.
