Fenalco encendió la polémica nacional al presentar ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad y una solicitud de suspensión inmediata contra el Decreto 1469 de 2025, que fijó un aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026. El gremio de los comerciantes calificó la decisión como improvisada, politiquera y demagógica, además de insostenible en términos económicos, sociales y jurídicos.
Según el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, el Gobierno ignoró los criterios obligatorios establecidos por la ley inflación, productividad, PIB y participación salarial y los sustituyó por la noción subjetiva de “salario vital”, sin respaldo técnico ni jurídico.
La organización cuestionó que se haya pasado de fundamentos que daban para un ajuste del 6,21% a un incremento de más del 23%, desconociendo incluso la autoridad del DANE como ente responsable de calcular el IPC.
El gremio advirtió que la medida carece de soporte técnico y generará un daño irreversible: más inflación, mayor informalidad, pérdida de miles de empleos, quiebra de innumerables MiPymes, debilitamiento del aparato productivo y caos en las finanzas públicas. Fenalco insiste en que su acción no es contra los trabajadores, sino precisamente para protegerlos y defender sus puestos de trabajo, así como el Estado de Derecho y la seguridad jurídica del país.
