Una nueva controversia rodea al entorno del expresidente Gustavo Petro, luego de conocerse una denuncia disciplinaria contra su abogado personal, Alejandro Carranza, quien presuntamente habría realizado actuaciones ante organismos internacionales dando a entender que representaba al Estado colombiano, sin contar aparentemente con las facultades para hacerlo. Según reveló la revista Semana, la queja fue presentada por Víctor Mosquera, abogado de la familia del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, quien cuestionó dos intervenciones del jurista ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI).
Uno de los hechos señalados estaría relacionado con la presunta participación de Carranza ante la CIDH, en medio de las gestiones adelantadas por la familia de Uribe Turbay para solicitar medidas de protección. De acuerdo con el denunciante, el abogado habría, presuntamente, intervenido sin dejar suficientemente claro que actuaba en representación personal de Petro y no del Estado colombiano, situación que, a su juicio, pudo, presuntamente, generar confusión sobre sus facultades. El segundo episodio correspondería, supuestamente, a una actuación ante la CPI contra alias ‘Iván Mordisco’, en la que supuestamente habría utilizado expresiones que podrían interpretarse como una representación institucional que no tendría acreditada.
La queja disciplinaria estaría respaldada por comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que, según lo expuesto por Mosquera, indicarían que Carranza no contaba con una designación oficial para representar al país en esos procedimientos. Sin embargo, estos señalamientos no significan que se haya demostrado una suplantación ni una falta profesional. De hecho, el abogado había, supuestamente, manifestado públicamente en octubre de 2025 que su actuación ante la CIDH correspondía a la defensa personal de la familia Petro y no a una representación del Gobierno. Por ahora, corresponderá a las autoridades disciplinarias establecer el alcance de las actuaciones cuestionadas y determinar si existe alguna responsabilidad.
