El anuncio del presidente electo Abelardo De La Espriella de recortar dependencias del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) generó una reacción inmediata en el Gobierno saliente de Gustavo Petro. La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, una de las oficinas que desaparecería con la reestructuración, pidió abrir un espacio de diálogo y advirtió sobre los riesgos que podría traer la decisión para la continuidad del pacto firmado en 2016.
En un comunicado, la Unidad recordó que el Acuerdo de Paz es una política de Estado con blindaje constitucional y que ninguna medida administrativa puede desconocer ese marco. Señaló que los anuncios de eliminación de cargos y dependencias generan incertidumbre y temor entre los firmantes, además de afectar la seguridad jurídica. Por eso, instó a los organismos de control a vigilar las decisiones que se tomen desde el 7 de agosto, cuando De La Espriella asuma la Presidencia.
La invitación al nuevo mandatario fue clara: designar un equipo para dialogar y garantizar un proceso de empalme que preserve la ruta de implementación del acuerdo. “Las puertas de esta Unidad y de los territorios permanecen abiertas para contribuir a un proceso que mantenga viva la esperanza de paz en Colombia”, concluyó el comunicado, en medio de un ambiente político marcado por la tensión y la expectativa frente a los cambios que traerá el nuevo gobierno.
