La aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027 abrió un nuevo frente de disputa política en el Congreso. Tras el aval recibido en Senado y Cámara, la bancada del Pacto Histórico anunció que emprenderá acciones legales para controvertir algunos de los cambios aprobados, especialmente los relacionados con los recursos destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Los congresistas de esa colectividad sostienen que las modificaciones incluidas durante el trámite legislativo no debieron realizarse por esa vía y cuestionaron el recorte de recursos para la JEP. En ese contexto, anunciaron que acudirán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares y que también promoverán una acción popular ante la jurisdicción contencioso-administrativa con el propósito de proteger, según argumentan, las garantías de las víctimas y de quienes comparecen ante ese tribunal.
La controversia no se quedará en los escenarios jurídicos. El Pacto Histórico también confirmó una jornada de movilizaciones para el próximo 24 de noviembre, en medio de lo que ha denominado la preparación de un paro cívico nacional. Además, la bancada expresó preocupaciones sobre varios puntos del presupuesto aprobado, entre ellos el aumento del servicio de la deuda y la destinación de recursos que, a su juicio, requieren mayores precisiones sobre su ejecución.
