La capital del país enfrenta una alerta máxima: informes de inteligencia de la Policía, Fiscalía y Fuerzas Militares revelan que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría ejecutando planes terroristas para desestabilizar Bogotá. Según las investigaciones, existen al menos 30 unidades colectivas en diez localidades, dedicadas a labores de reclutamiento, infiltración en universidades privadas y preparación de acciones que buscan alterar el orden público y generar impacto mediático.
Las autoridades también han identificado cuatro células militares en municipios cercanos como Facatativá y Chía, compuestas por pequeños grupos que coordinan con el frente de Guerra Urbano, encargado de penetrar las principales ciudades del país. En Bogotá, la Fiscalía ha documentado seguimientos a figuras públicas como la candidata presidencial Vicky Dávila y la senadora María Fernanda Cabal, lo que ha encendido las alarmas sobre la magnitud de la amenaza.
El financiamiento de estas operaciones proviene de actividades ilegales como la minería, el narcotráfico y la extorsión, cuyos recursos son canalizados desde el Pacífico y Norte de Santander hacia las estructuras urbanas. El interés del ELN en Bogotá radica en el impacto mediático y político que tendría cualquier acción violenta en la capital. Aunque la administración distrital mantiene hermetismo, el Concejo de Bogotá ya presiona para que se revelen los alcances de esta reorganización insurgente y su influencia en instituciones educativas.
