El presidente Abelardo De La Espriella anunció una ofensiva nacional contra empresas de vigilancia y seguridad privada, tras detectar irregularidades en el manejo de armas y posibles vínculos con estructuras criminales. “La seguridad privada no puede servir de fachada al crimen”, afirmó el mandatario al instruir a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a reforzar los controles en el sector.
De La Espriella detalló que entre las compañías objeto de medidas se encuentran Maximus, cuya licencia ya fue cancelada, así como Blink, Lost Prevention y Atenas, que enfrentan procesos de cancelación pendientes de ejecutoria. OL Security Group–Servisecurity permanece suspendida mientras avanza un trámite de cancelación. Según el presidente, algunas de estas firmas han sido investigadas por presuntas conexiones con grupos como Los Costeños y el Clan Vega Daza.
El jefe de Estado también pidió esclarecer el destino de armas faltantes y aseguró que la ofensiva se desplegará en distintas regiones del país. “Vamos a ir departamento por departamento, rincón por rincón de la patria, acabando con las fachadas de los delincuentes. ¡Voy por todos!”, expresó. La Supervigilancia ya había adoptado medidas previas contra varias de estas compañías por incumplimientos normativos, y ahora el Gobierno busca cerrar cualquier espacio que permita el uso de la seguridad privada como cobertura para actividades ilegales.
